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La representación del Estado como manifestación del Poder Político de éste, descansa en el consentimiento del verdadero soberano y sus pautas para su ejercicio legítimo. Ejercer tal poder de manera eficaz y efectiva supone una gran responsabilidad personal y profesional que requiere además de un liderazgo reflejado en las acciones. La actual sociedad guineoecuatoriana carece de indicadores que reflejen su capacidad de discernir sobre el liderazgo y el seguidismo o la desorganización, y una de las causas es la correlación entre el origen étnico y la objetividad en cuanto a quienes están mejor capacitados para liderar o ejercer funciones representativas. Si bien la identidad étnica es personal y privada, por su parte la identidad nacional es el origen secundario que nos conecta de manera permanente a un territorio específico dentro de los sujetos que integran la comunidad internacional. La representación del Estado debe contemplar ambas identidades: por un lado, tener presencia de cada grupo étnico y asentado en el país en los poderes y órganos del Estado; y, por otro lado, diseñar un sistema de representación que reconozca a los mejor calificados por encima de la identidad étnica, es decir, la meritocracia y la capacidad. El artículo 9 de la Ley Fundamental es esencial para tal cuestión, ya que en sentido extenso es un eje para la adopción de fórmulas integrativas y de cohesión social.
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