Fecha de recepción: 19/08/2024 / Fecha de revisión: 14/11/2024 / Fecha de aceptación: 17/11/2024

Introducción

Honduras ha experimentado importantes cambios legales y políticos en las últimas décadas con el objetivo de proteger los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Históricamente marginadas, estas poblaciones han enfrentado una variedad de problemas, incluyendo la pérdida de tierras ancestrales, la violencia y la discriminación sistemática. 

En respuesta, el gobierno ha emitido una serie de leyes y decretos para proteger sus derechos, lo que demuestra una renovada dedicación a la justicia social y los derechos humanos. No obstante, la aplicación efectiva de estas regulaciones sigue siendo un desafío importante, especialmente en las zonas rurales y en situaciones de alta vulnerabilidad.

Este artículo analiza y compara las leyes y decretos más importantes de Honduras, evaluando su impacto y los desafíos actuales para proteger los derechos de estas comunidades.

Fundamento Teórico

En las sociedades modernas, la igualdad es un principio fundamental que es necesario para garantizar la dignidad humana y el pleno ejercicio de los derechos y libertades que se les otorgan. "Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección legal", según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 2015). Este principio es particularmente importante para los pueblos indígenas y afrodescendientes, quienes han sido objeto de discriminación y marginación sistemática a lo largo de la historia. Por lo tanto, la igualdad debe servir como base para todos los demás derechos, evitando toda discriminación social, económica o cultural.

Uno de los mayores desafíos que enfrentan las sociedades democráticas modernas es la persistente discriminación, que se manifiesta en la desigualdad de derechos y oportunidades para ciertos grupos sociales. Como señala López (2016), esta situación conduce a una sociedad injusta en la que la igualdad formal, que se expresa con frecuencia en textos normativos, no se traduce en igualdad material o fáctica. "Una interpretación meramente formal de la igualdad tiene el efecto de esconder una serie de desigualdades de orden material y simbólico que no se corresponden con los exigentes presupuestos normativos de la democracia", advierten Clerico y Aldao (2011).

Muchos gobiernos han comenzado eliminando estas desigualdades mediante la supresión de leyes discriminatorias. Esto es un gran avance, pero no es suficiente para erradicar completamente la discriminación (López, 2016). Se reconoce que la implementación de leyes y decretos, aunque es importante, no garantiza por sí sola la equidad material. Anderson (2005) propone la implementación de políticas diferentes que permitan la inclusión efectiva de grupos históricamente marginados, abriendo espacios en áreas importantes como la educación, el trabajo, la participación política y la economía.

En Honduras, la Constitución y varios instrumentos internacionales, incluido el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989) protegen los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Estos documentos destacan la importancia de proteger derechos fundamentales como la identidad cultural, el acceso a la tierra y el territorio, la consulta previa y la participación en las decisiones que les afectan, así como la igualdad y la no discriminación en todas las esferas de la vida.

No obstante, la aplicación efectiva de estos derechos en la práctica sigue siendo un desafío. Los marcos legales en Honduras han avanzado considerablemente en términos de reconocimiento formal de los derechos de estas comunidades, pero persisten problemas significativos en su implementación, lo que refleja una brecha entre la igualdad formal y la igualdad material (CIDH, 2020). Para cerrar esta brecha, es fundamental no solo fortalecer los mecanismos de implementación, sino también promover la participación de las comunidades afectadas en el proceso de toma de decisiones y en la vigilancia del cumplimiento de sus derechos (Human Rights Watch, 2022).

Método

Diseño de la investigación

Este estudio utiliza un diseño de investigación cualitativo para comprender las regulaciones y políticas públicas que afectan a las comunidades indígenas y afrodescendientes, así como su implementación. El método incluyó análisis documental, entrevistas semiestructuradas y cuestionarios. El análisis documental identificó las leyes, decretos y políticas públicas relevantes. Los expertos en derechos humanos, funcionarios y representantes comunitarios se entrevistaron y completaron cuestionarios para examinar los obstáculos en la implementación de estas regulaciones y evaluar su impacto en la reducción de desigualdades y discriminación. Este método combinó las perspectivas institucionales y las experiencias de las comunidades, ofreciendo una visión completa de cómo funcionan las regulaciones.

Muestra

Para garantizar una representación adecuada de los diversos actores involucrados en la protección de derechos humanos y las comunidades indígenas y afrodescendientes en Honduras, la muestra se seleccionó de manera estratificada. 15 participantes con experiencia en derechos humanos, políticas públicas y conexiones directas con estas comunidades participaron en entrevistas semiestructuradas como parte de un muestreo intencional. 

Funcionarios gubernamentales, líderes comunitarios y expertos en derechos humanos formaron parte de este grupo. Además, se seleccionó un grupo adicional de treinta personas para completar el cuestionario, que representaba una variedad de puntos de vista y experiencias de las comunidades afectadas. La combinación de estas técnicas permitió obtener una comprensión completa y bien fundamentada de la implementación de las normas analizadas.

Criterios de Inclusión:

• Experiencia relevante en derechos humanos o en la implementación de políticas relacionadas con comunidades indígenas y afrodescendientes.
• Representación directa de las comunidades afectadas o participación en organizaciones que trabajan con estas comunidades.

Criterios de exclusión:

• Participantes que no tengan experiencia directa o conocimientos relevantes en el ámbito de derechos humanos o en la implementación de políticas relacionadas con las comunidades indígenas y afrodescendientes.
• Personas que no estén directamente involucradas o no tengan una relación significativa con las comunidades en cuestión.

Características de los Participantes: los participantes del estudio se seleccionaron cuidadosamente para proporcionar una visión completa y variada sobre la implementación de las normativas. Incluyen funcionarios gubernamentales con responsabilidades en la formulación y ejecución de políticas públicas relacionadas con los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Además, se incluyeron líderes comunitarios y representantes de organizaciones no gubernamentales que están directamente involucrados en la promoción y defensa de estos derechos en las comunidades locales. También participaron expertos en derechos humanos con una vasta experiencia en la región, quienes aportan un conocimiento profundo sobre los desafíos y oportunidades en la implementación de las políticas. Esta diversidad en el perfil de los participantes asegura una perspectiva integral sobre el impacto y la efectividad de las normativas evaluadas.

Proceso de recolección de datos

a. Entrevistas Semiestructuradas: se programaron y llevaron a cabo entrevistas en persona o a través de plataformas virtuales. Las entrevistas fueron grabadas con el consentimiento de los participantes, transcritas y organizadas para su análisis.

b. Cuestionarios: se distribuyeron cuestionarios a través de plataformas digitales y en formato físico, según la preferencia de los participantes. Los cuestionarios fueron diseñados para obtener respuestas tanto cuantitativas como cualitativas.

Análisis de Datos

a. Análisis cualitativo: los datos de las entrevistas se analizaron mediante codificación temática para identificar patrones, temas emergentes y discrepancias entre la normativa y la práctica.

b. Análisis cuantitativo: los resultados de los cuestionarios se analizaron estadísticamente para identificar tendencias y correlaciones, y se integraron con los hallazgos de las entrevistas para una visión completa.

Consideraciones Éticas: Antes de participar en las entrevistas y completar los cuestionarios, todos los participantes dieron su consentimiento informado. Se aseguró de que los datos se almacenaran de manera segura y solo se utilizaran para el estudio, protegiendo la confidencialidad de los datos. La participación en el estudio fue completamente voluntaria, y los participantes tenían la libertad de abandonar el estudio en cualquier momento sin tener que preocuparse por ningún resultado negativo. Una representación precisa y justa de las perspectivas de los participantes fue posible gracias a un enfoque imparcial en la recolección y análisis de los datos.

Marco Normativo Reciente

En los últimos años, Honduras ha avanzado en la creación de un marco normativo para responder a las demandas de las comunidades indígenas y afrodescendientes, quienes históricamente han enfrentado discriminación y marginación. A continuación, se detallan las normativas más recientes y relevantes en la tabla 1:

Tabla 1

Resumen de Normativas Relevantes para la Protección de los Derechos de las Comunidades Indígenas y Afrodescendientes en Honduras

Normativa	Institución	Fecha de Promulgación	Publicación en Gaceta	Disposición
Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente (Decreto Legislativo 154-2022)	Congreso Nacional	20 de marzo de 2023	Gaceta No. 36,184	Establece un marco para la protección de personas desplazadas internas, con enfoque en violencia de género.
Ley para la Protección de las Mujeres en Contextos de Crisis Humanitarias, Desastres Naturales y Emergencias (Decreto Legislativo 9-2023)	Congreso Nacional	02 de mayo de 2023	Gaceta No. 36,217	Garantiza protección específica para mujeres en situaciones de crisis y emergencias.
Ley del Sistema Nacional de Bases de Datos de ADN (Decreto Legislativo 57-2023)	Congreso Nacional	31 de agosto de 2023	Gaceta No. 36,322	Facilita la identificación de personas desaparecidas y esclarecimiento de crímenes
Derogación de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) (Decreto Legislativo 32-2022)	Congreso Nacional	21 de abril de 2022	Gaceta No. 35,902	Protege la soberanía territorial y previene la usurpación de tierras por ZEDE
Derogación de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) (Decreto Legislativo 33-2022)	Congreso Nacional	26 de abril de 2022	Gaceta No. 35,907	Derogar en su totalidad decreto que contiene ZEDE,
Creación del Programa Red Solidaria y otros programas sociales (PCM-08-2022)	Poder Ejecutivo	02 de mayo de 2022	Gaceta No. 35,912	Establece programas para reducir la pobreza extrema y mejorar la inclusión social
Ley de la Ruta Garífuna (Decreto Legislativo 50-2023)	Congreso Nacional	20 de noviembre de 2023	Gaceta No. 36,388	Declara la Ruta Garífuna como programa permanente para preservar y promover la cultura garífuna.
Reconocimiento a Juan Bulnes como Personaje Emblemático (Decreto Legislativo 42-2024)	Congreso Nacional	18 de mayo de 2024	Gaceta No. 36,537	Reconoce a Juan Bulnes como figura histórica destacada del pueblo garífuna.
Reconocimiento a Lauro Agapito Álvarez Dolmo (Decreto Legislativo 51-2022)	Congreso Nacional	16 de junio de 2022	Gaceta No. 35,951	Otorga reconocimiento a Lauro Agapito Álvarez Dolmo por su trayectoria en favor de las comunidades garífunas.
Creación de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (PCM 03-2024)	Poder Ejecutivo	26 de marzo de 2024	Gaceta No. 36,495	Implementa las sentencias internacionales relacionadas con comunidades garífunas.
Día de la Población Negra Afrodescendiente de habla inglesa en Honduras (Decreto Legislativo 130-2022)	Congreso Nacional	19 de julio de 2024	Gaceta No. 36,590	Declara el 1 de agosto como el Día de la Población Negra Afrodescendiente y promueve actividades culturales.
Reconocimiento a Hombres y Mujeres Afrodescendientes (Decreto Legislativo 41-2024)	Congreso Nacional	18 de mayo de 2024	Gaceta No. 36,537	Reconoce a afrodescendientes destacados en diversas áreas con placas y pergaminos.
Declaración del Decenio Internacional de los Afrodescendientes en Honduras (Decreto Legislativo 33-2019)	Congreso Nacional	22 de agosto de 2019	Gaceta No. 35,029	Establece un plan de acción para promover los derechos de los afrodescendientes alineado con los ODS.
Ley de la Ruta Maya (Decreto Legislativo 77-2022)	Congreso Nacional	22.Noviembre.2022	Gaceta No. 36,083	Declara la "Ruta Maya" como un Programa Permanente de Interés Nacional para fomentar intercambios culturales basados en valores ancestrales comunes en la Región Americana.

Estas normativas reflejan el creciente compromiso del Estado hondureño para atender las necesidades y proteger los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, persisten desafíos significativos al comparar retrospectivamente lo previsto durante su formulación con la realidad de su implementación efectiva (Holz et al., 2023).

Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente (Decreto Legislativo 154-2022). Esta ley marca un avance importante en la legislación hondureña al reconocer la violencia, incluyendo la de género, como una causa de desplazamiento forzado. Establece un marco integral para la protección de las personas desplazadas, destacando un enfoque diferencial y de género (Congreso Nacional, 2022).

Ley para la Protección de las Mujeres en Contextos de Crisis Humanitarias, Desastres Naturales y Emergencias (Decreto Legislativo 9-2023). Esta ley se centra en la protección de las mujeres en situaciones de crisis, abordando su vulnerabilidad a la violencia y explotación en contextos de emergencia. Representa un hito en la legislación de género en Honduras (Congreso Nacional, 2023a).

Ley del Sistema Nacional de Bases de Datos de ADN (Decreto Legislativo 57-2023). Esta legislación es crucial para la resolución de crímenes y la identificación de personas desaparecidas, siendo especialmente relevante para las comunidades que han sufrido violaciones de derechos humanos (Congreso Nacional, 2023b).

Derogación de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) (Decreto Legislativo 33-2022). La derogación de esta ley fue una victoria significativa para las comunidades indígenas y afrodescendientes, ya que las ZEDE representaban una amenaza para la soberanía territorial y los derechos sobre sus tierras (Congreso Nacional, 2022).

Creación del Programa Red Solidaria y otros programas sociales. Establecidos mediante decretos ejecutivos, estos programas buscan reducir la pobreza extrema y mejorar la inclusión social, con un enfoque particular en las poblaciones más vulnerables, incluidas las comunidades indígenas y afrodescendientes (Presidencia, 2024a).

Ley de la Ruta Garífuna (Decreto Legislativo 50-2023). Esta ley, declarada como un Programa Permanente de Interés Nacional, tiene como objetivo preservar y promover la lengua, danza, artesanías y otros aspectos culturales de la población garífuna. Se creó un Comité Interinstitucional de Apoyo Permanente para la conservación y promoción de las expresiones culturales de la Ruta Garífuna en Honduras (Congreso Nacional, 2023c).

Reconocimiento a Juan Bulnes como Personaje Emblemático (Decreto Legislativo 42-2024). Este decreto reconoce a Juan Bulnes como una figura emblemática de la historia y cultura del pueblo garífuna, destacando su valentía y compromiso con la libertad y la unidad centroamericana (Congreso Nacional, 2024a).

Reconocimiento a Lauro Agapito Álvarez Dolmo (Decreto Legislativo 51-2022). Mediante este decreto, se otorga la "Medalla de Oro con Pergamino Especial" a Álvarez Dolmo por su destacada trayectoria en favor de las comunidades garífunas de Honduras (Congreso Nacional, 2022b).

Creación de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (PCM 03-2024). Esta comisión fue creada para asegurar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, garantizando la protección de sus derechos (Presidencia, 2024b).

Día de la Población Negra Afrodescendiente de habla inglesa en Honduras (Decreto Legislativo 130-2022). Este decreto establece el 1 de agosto como el Día para celebrar y promover las tradiciones y cultura de la población negra afrodescendiente de habla inglesa en Honduras, con actividades culturales durante todo el mes de agosto (Congreso Nacional, 2022c).

Reconocimiento a Hombres y Mujeres Afrodescendientes (Decreto Legislativo 41-2024). Este decreto otorga reconocimientos con Placa de Oro y Pergamino a destacados hombres y mujeres afrodescendientes que han contribuido significativamente al engrandecimiento de Honduras (Congreso Nacional, 2024b).

Declaración del Decenio Internacional de los Afrodescendientes en Honduras (Decreto Legislativo 33-2019). Este decreto instruye a las instituciones centrales a alinear sus actividades con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, implementando un plan de acción durante el Decenio Internacional de los Afrodescendientes (Congreso Nacional, 2019).

Ley de la Ruta Maya (Decreto Legislativo 77-2022): Esta ley declara la Ruta Maya como un Programa Permanente de Interés Nacional con el objetivo de fomentar intercambios culturales basados en valores ancestrales comunes a la Región Americana (Congreso Nacional, 2022d).

Entendiendo el Alcance de la Normativa: Decreto Legislativo vs. PCM

Un Decreto Legislativo es una ley que se promulga por el Congreso Nacional en Honduras y tiene fuerza legal. Los decretos mencionados son esenciales para establecer políticas públicas amplias y su cumplimiento es obligatorio para todos los habitantes e instituciones del país. La "Ley de la Ruta Maya" (Decreto Legislativo 77-2022), por ejemplo, es un ejemplo de cómo un Decreto Legislativo puede aprobar programas de interés nacional que tengan un impacto duradero. Un PCM (Presidencia del Consejo de Ministros), por otro lado, es una disposición emitida por el Poder Ejecutivo que tiene fuerza legal pero en un ámbito más administrativo y especializado. (Tribunal Superior de Cuentas de Honduras, 2023),

La organización interna del gobierno, regulaciones específicas y la implementación de políticas ya establecidas por la ley son los principales temas de los PCM. Aunque también pueden tener un gran impacto, su alcance generalmente es más limitado que el de los Decretos Legislativos. Esta distinción es esencial para comprender la importancia y el impacto de las leyes en Honduras, especialmente cuando se habla de derechos fundamentales o de la creación de zonas económicas especiales como las ZEDE.

Discusión

A continuación se presentan las preguntas del cuestionario, junto con los gráficos correspondientes, así como un análisis detallado y una discusión de los resultados. Como parte de este estudio, se utilizaron 30 cuestionarios y se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con 15 participantes clave, incluidos expertos en derechos humanos, funcionarios gubernamentales, líderes de comunidades indígenas y afrodescendientes. Los principales hallazgos se presentan a continuación, y luego se analizan y discuten.

Percepción del Marco Legal

Pregunta: ¿Cómo calificaría la efectividad del marco legal actual para proteger los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes?

Figura 1

Evaluación de la Efectividad del Marco Legal en la Protección de los Derechos de las Comunidades Indígenas y Afrodescendiente

La evaluación de los participantes sobre la eficacia del marco legal en la protección de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes se muestra en la Figura 1. Los resultados indican que la mayoría de los encuestados creen que el marco en cuestión es insuficiente.

La mayoría de los entrevistados reconocieron los avances significativos en la creación de un marco legal que busca proteger los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes en Honduras. Sin embargo, también expresaron preocupación por la brecha entre la promulgación de estas leyes y su implementación efectiva. Varios participantes señalaron que, aunque las leyes existen en papel, su aplicación en la realidad es limitada, especialmente en zonas rurales.

Este resultado resalta una desconexión preocupante entre la formulación de políticas y su implementación. La falta de recursos, tanto financieros como humanos, fue identificada como una barrera clave. Esto coincide con investigaciones anteriores que sugieren que la existencia de un marco legal robusto no garantiza su efectividad si no se acompaña de un compromiso real en su ejecución (Smith, 2020). La percepción de las comunidades afectadas también indica una falta de confianza en las instituciones gubernamentales, lo que podría obstaculizar la cooperación necesaria para la implementación de estas leyes.

Participación Comunitaria en el Proceso Legislativo

Pregunta: ¿Considera que las comunidades indígenas y afrodescendientes han sido adecuadamente consultadas en el proceso legislativo?

Figura 2

Percepción sobre la Adecuación de las Consultas a Comunidades Indígenas y Afrodescendientes en el Proceso Legislativo

Las opiniones de los encuestados sobre si las comunidades indígenas y afrodescendientes han sido consultadas adecuadamente durante el proceso legislativo se muestran en la Figura 2. Los resultados son evidentes y muestran una percepción generalizada de exclusión en estos procesos.

Los líderes comunitarios que fueron entrevistados dijeron que las leyes y los decretos se crearon con frecuencia sin consultar adecuadamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Esto ha resultado en la creación de políticas que, aunque bien intencionadas, no siempre satisfacen las necesidades y realidades particulares de estas comunidades. Según algunos participantes, la falta de participación inclusiva ha llevado a políticas que no son culturalmente sensibles o apropiadas.

La falta de inclusión de las comunidades en el proceso legislativo en Honduras destaca un problema estructural en la formulación de políticas. La falta de consulta y participación debilita las leyes y erosiona la confianza de las comunidades en el gobierno y las instituciones legales. Este resultado está en línea con estudios que sostienen que las personas deben participar y colaborar en los procesos de creación de políticas que afectan a comunidades vulnerables (García et al., 2018). La inclusión activa de las comunidades en la fase de diseño de las leyes podría aumentar su relevancia y aplicabilidad, lo que aumentaría su impacto positivo.

Barreras en la Implementación y Capacitación Institucional

Pregunta: ¿Cuál es la principal barrera para la implementación efectiva de las leyes en su opinión?

Figura 3

Principales Barreras para la Implementación Efectiva de las Leyes según la Opinión de los Participantes

Las percepciones de los encuestados sobre las principales barreras que obstaculizan la implementación efectiva de las leyes que protegen los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes se muestran en la figura 3. La "falta de coordinación" fue el obstáculo más mencionado por el 53.6% de los participantes. Esto indica que, a pesar de que existen leyes, la falta de comunicación efectiva entre las diferentes instituciones y actores involucrados dificulta su aplicación.

La falta de capacitación y recursos en las instituciones encargadas de implementar las leyes fue un tema recurrente en las entrevistas. Los funcionarios del gobierno reconocieron que las agencias responsables con frecuencia carecen de personal calificado y de los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones de manera efectiva. Además, se encontró que las agencias gubernamentales no trabajaban bien juntas, lo que resulta en una aplicación inconsistente de las leyes.

Una barrera crucial que impide la implementación efectiva de las políticas destinadas a proteger los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes es la falta de capacidad institucional. Esto confirma la importancia de fortalecer las organizaciones mediante la capacitación adecuada del personal y la asignación de recursos adecuados. La falta de cooperación entre instituciones también muestra la importancia de un enfoque más colaborativo e integrado en la implementación de políticas. Según este resultado, las reformas institucionales deben ir más allá de la aprobación de leyes y centrarse en aumentar la capacidad operativa de las agencias responsables (López & Martínez, 2019).

Impacto en las Comunidades y Percepción de la Soberanía

Pregunta: ¿Cómo ha impactado la derogación de la Ley ZEDE en su comunidad?

Figura 4

Impacto de la Derogación de la Ley ZEDE en la Comunidad según los Participantes

El impacto de la derogación de la Ley ZEDE en las comunidades se puede ver en la Figura 4. Posiblemente debido a que la ley representaba una amenaza a la soberanía territorial y a los derechos sobre tierras ancestrales, un 26,7% de los encuestados considera que la eliminación de la ley ha tenido un impacto "muy positivo". El 30% adicional lo evalúa como "moderadamente positivo", lo que indica que, aunque la eliminación es vista positivamente, los cambios esperados no han sido tan significativos o inmediatos.

Sin embargo, un 33.3% dice que la derogación no ha tenido ningún impacto en sus comunidades, lo que podría indicar una desconexión entre la legislación y las circunstancias locales. Además, un diez por ciento percibe un efecto "negativo", lo que indica que para algunos, la eliminación de la ley ha generado incertidumbres o problemas adicionales, como la pérdida de inversiones o proyectos económicos relacionados con las ZEDE. Estos hallazgos destacan la complejidad de los efectos de la legislación en las comunidades y la diversidad de experiencias que existen entre ellas.

Los entrevistados de las comunidades indígenas y afrodescendientes destacaron que la eliminación de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) fue un paso importante para proteger sus territorios y fortalecer la soberanía nacional. Sin embargo, también dijeron que todavía tienen problemas importantes con el acceso a la tierra, la protección de los recursos naturales y la seguridad física.

La derogación de la Ley ZEDE es vista como una victoria significativa para las comunidades afectadas porque demuestra que el gobierno ha reconocido las demandas de estas comunidades. Sin embargo, la persistencia de los problemas con la tierra y los recursos naturales indica que se requieren esfuerzos continuos para asegurar que estas comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos. Este resultado indica que no solo se necesitan modificaciones legislativas para proteger la soberanía nacional y los derechos territoriales de las comunidades, sino que también se deben tomar medidas para garantizar la seguridad y el acceso a los recursos esenciales para la supervivencia de las comunidades (Verhelst y Contreras Urbano, 2024)

Análisis Comparativo y Efectividad de la Implementación

La comparación de estas leyes y decretos muestra un marco normativo que, aunque ambicioso, presenta importantes obstáculos en su ejecución. A continuación se enumeran las fortalezas y debilidades encontradas en el estudio:

Fortalezas

Compromiso Legal y Político: el Estado está comprometido a proteger los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes mediante la creación de nuevas leyes y la eliminación de leyes perjudiciales como las ZEDE. Estas medidas legislativas son cruciales para restablecer la confianza en el sistema jurídico y en el gobierno.

Enfoque en Derechos Humanos y Género: la incorporación de enfoques de género y derechos humanos en las nuevas leyes es un avance significativo, especialmente en un contexto donde la discriminación racial y la violencia de género han sido ignoradas por mucho tiempo

Debilidades

Falta de implementación efectiva: a pesar de un marco normativo sólido, la implementación de estas leyes sigue siendo un desafío. La efectividad de estas políticas ha sido limitada por la falta de recursos financieros, personal capacitado y voluntad política en ciertos niveles de gobierno, particularmente en regiones remotas.

Desconexión con las Necesidades Comunitarias: En muchos casos, las leyes y programas se crean sin consultar adecuadamente a las comunidades afectadas, lo que resulta en soluciones que no siempre abordan las necesidades o contextos culturales específicos de las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Retos actuales y perspectivas futuras

En cuanto a la protección de los derechos de sus comunidades indígenas y afrodescendientes, el mayor desafío que enfrenta Honduras es cerrar la brecha entre la legislación y la aplicación práctica. Se requieren diversas reformas y acciones adicionales para alcanzar este objetivo:

1. Fortalecimiento Institucional: Proporcionar recursos adecuados y capacitación continua al personal es esencial para mejorar la capacidad de las instituciones encargadas de implementar estas leyes. Para garantizar que las políticas se implementen de manera equitativa y efectiva, también se debería fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
2. Participación Comunitaria: Es crucial que las comunidades participen más activamente en el proceso legislativo y en la implementación de políticas. La creación de espacios para la discusión y la consulta puede garantizar que las leyes y programas reflejen las necesidades y aspiraciones reales de las comunidades.
3. Monitoreo y Evaluación Continuos: La implementación de sistemas de monitoreo y evaluación es crucial para evaluar el impacto de las leyes y programas. Para garantizar que las políticas se implementen y produzcan los resultados esperados, estos mecanismos deben ser transparentes y permitir la participación de las comunidades.
4. Compromiso Internacional: Para superar los desafíos internos, fortalecer las relaciones con organizaciones internacionales y aprovechar la cooperación y la asistencia técnica puede ser esencial. Participar en foros globales como el Foro Global contra el Racismo y la Discriminación de la UNESCO es un paso en la dirección correcta para alinear las políticas nacionales con los estándares internacionales de derechos humanos. 

Conclusiones

La investigación destaca la notable disparidad entre la creación y ejecución de leyes en Honduras que buscan proteger los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. A pesar de los notables avances en la creación de un marco legal que reconoce y promueve los derechos de estas comunidades, la eficacia de estas leyes sigue siendo limitada por una serie de desafíos estructurales. Los recursos insuficientes, la falta de coordinación entre las instituciones y la falta de capacitación del personal encargado de ejecutar las leyes son obstáculos importantes para una aplicación efectiva de la ley.

En los últimos años, Honduras ha creado un marco legal que protege los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, el principal desafío sigue siendo la implementación efectiva, y para lograrlo se requerirá un trabajo colaborativo que incluya reformas institucionales, una mayor participación comunitaria y un compromiso constante tanto a nivel nacional como internacional. Solo una estrategia integral podrá garantizar que estas comunidades disfruten plenamente de sus derechos y vivan en condiciones de respeto y dignidad.

También se subraya que las ZEDE existentes continúan operando en un vacío legal, invocando garantías jurídicas de tratados internacionales, a pesar de que la Ley ZEDE fue eliminada (Contracorriente, 2023). Aunque, la eliminación de la ley se ha considerado una victoria para la soberanía nacional y la protección de los derechos territoriales, todavía existen importantes problemas con el acceso a la tierra y la protección de los recursos naturales. La situación actual destaca la importancia de implementar reformas adicionales y acciones concretas para enfrentar estos obstáculos persistentes.

Es importante destacar que, aunque los Decretos Legislativos como la "Ley de la Ruta Maya" tienen como objetivo establecer políticas a largo plazo y son cruciales para proteger los derechos comunitarios, los PCM tienen un papel más limitado y funcional en el sistema gubernamental. Esta disparidad en la aplicación de la ley enfatiza la importancia de un sistema legal sólido respaldado por leyes formales para garantizar la protección efectiva de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes en Honduras.

Además, la exclusión es un problema recurrente que impide que las comunidades indígenas y afrodescendientes participen en los procesos legislativos, lo que afecta negativamente la relevancia y el impacto de las políticas. Estas comunidades deben participar activamente en la creación y ejecución de leyes para garantizar que las políticas se adapten a sus necesidades y contextos particulares. Es necesario llevar a cabo reformas institucionales que aumenten la capacidad operativa, fomenten la participación comunitaria y fomenten un compromiso internacional sostenido para mejorar la situación. Solo mediante un enfoque integral que combine recursos apropiados, voluntad política y la inclusión de las comunidades afectadas se podrá cerrar la brecha entre la legislación y su implementación efectiva en Honduras.

Referencias

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Congreso Nacional. (2023a). Ley para la Protección de las Mujeres en Contextos de Crisis Humanitarias, Desastres Naturales y Emergencias (Decreto Legislativo 9-2023). Gaceta No. 36,037.

Congreso Nacional. (2023b). Ley del Sistema Nacional de Bases de Datos de ADN (Decreto Legislativo 57-2023). Gaceta, No. 36,215.

Congreso Nacional. (2023c). Ley de la Ruta Garífuna (Decreto Legislativo 50-2023). Gaceta, No. 36,388.

Congreso Nacional. (2024a). Reconocimiento a Juan Bulnes como Personaje Emblemático (Decreto Legislativo 42-2024). Gaceta, No. 36,537.

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